PDA: consolidación y perspectiva de poder

PDA: consolidación y perspectiva de poder

Jaime Caycedo
Miembro del Comité Ejecutivo del PDA
Concejal de Bogotá

El pasado Congreso del Polo Democrático Alternativo constituye un éxito significativo en el desarrollo histórico de ésta organización política. Es además el resultado del debate previo que de forma coherente, abierta, amplia y democrática tuvo sus desarrollos en los congresos del Polo de Rosa y del Polo Joven. Tal dinámica de apertura y de intensa discusión se conservó en las sesiones de las comisiones y en la plenaria del Congreso como prerrequisito para la consolidación del Polo como núcleo de un proceso unitario permanente en perspectiva de ampliarse y de ganar nuevos contactos, apoyos y puntos de referencia en la vida social y política colombiana.

También parece comprensible que este resultado conjunto del Polo choque y se contraste con la percepción que los grandes medios masivos de información intentaron crear en los preámbulos del Congreso, y que aún hoy pretenden sostener, en el sentido de que se causaría una gran división interna. Llegaron a afirmar que las mayorías del partido eran distintas a lo que realmente son y persisten en augurar un futuro signado por la supuesta diferencia irreconciliable de los sectores que conformamos el partido. En la práctica lo que se evidenció es que hay una clara y contundente mayoría que se inclina hacia una postura de izquierda real y hacia la formulación ante el país de una alternativa de poder en la perspectiva de las elecciones del año 2010, opción decididamente opuesta a la lógica, la política y la orientación del poder dominante que lleva al país en su conjunto al despeñadero. Es importante destacar que todo lo que pasó en el congreso del Polo obedece a la confirmación de las realidades existentes tanto dentro como fuera de la organización.

El fracaso estruendoso del régimen

Uno de los argumentos que caracterizaron el debate fue el tema de los presuntos éxitos de la mal llamada “seguridad democrática” del presidente Uribe. Los hechos que conoce el país son tozudos e indican que no es cierto que esta política haya restablecido la paz o que haya mejorado las condiciones de seguridad y de garantías de derechos a los ciudadanos y ciudadanas. Lo que realmente ha venido sucediendo es que hay un crecimiento exponencial de los escándalos cotidianos en instancias del Poder Ejecutivo vinculadas directamente con la Presidencia de la República. Tampoco es un secreto el enfrentamiento cada vez más directo del Presidente con la Corte Suprema y con la propia Fiscalía General de la Nación, lo cual ha puesto de manifiesto el peso del oscuro mundo del narco-paramilitarismo muy cerca de la gestión del Presidente y de los sectores predominantes en el poder.

Es casi un hecho probado (denunciado de forma permanente por los movimientos de derechos humanos y por la izquierda), el compromiso de estructuras empresariales y de las fuerzas militares en las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como las conexiones continuas y sostenidas con estructuras paramilitares que se han renovado o que simplemente nunca dejaron de existir, a pesar de todo lo dicho en relación con la desaparición del paramilitarismo, situaciones que se corroboran de manera suficiente con las declaraciones a la justicia de los líderes paramilitares detenidos, a quienes el Gobierno de Uribe está extraditando a los Estados Unidos, decisión que tiene consecuencias seriamente negativas en el esclarecimiento de los miles de crímenes cometidos por ellos, mostrando la incoherencia de la política del Gobierno y sobre todo su intento por acallar las reclamaciones del movimiento de víctimas.

Impacto de la crisis mundial

Hay otra abultada perspectiva que también ha ratificado el análisis realizado por el congreso del Polo, como un ingrediente nuevo y agravante de toda esta fenomenología de la verdadera hecatombe que vive la Nación: la profunda crisis económica, social y ética del sistema capitalista mundial, comenzando por los propios Estados Unidos y su necesaria extensión hacia nuestra realidad debido a la extrema dependencia económica, política y militar del país frente al imperialismo.

Es la crisis, en el plano colombiano, de la denominada “confianza inversionista”, que aplasta y arrasa cualquier otra posibilidad de decisión estatal a favor de programas sociales que busquen resolver problemas como el creciente desempleo, del hambre o de la falta de apoyo a las comunidades para resolver sus ingentes necesidades. Esa confianza inversionista, como ya lo han demostrado varios notables economistas, no es más que la exención impositiva y el subsidio a los grandes capitales, todo esto con el cuento mentiroso de que esta política permitiría apuntalar el empleo, lo cual resulta abiertamente contraevidente pues es conocida la tasa actual de 14.2% de desocupación, la más alta del hemisferio y que no tiene explicación distinta a la política de auspicio del gran capital. Es el caso del desempleo en los jóvenes menores de 26 años, cuya tasa puede bordear el 30% de acuerdo con los datos disponibles, lo que hace aun más delicada y grave la situación de la población. Insisto, esta si es la verdadera hecatombe nacional.

Todo esto configura el verdadero escenario en el que se desarrolló el congreso del Polo, partido que ha debido superar muchos momentos de dificultad provocados por las opiniones personales injustas y equivocadas de algunos de sus dirigentes, presunciones que apuntan a dar una imagen del Polo que no corresponde en absoluto con la realidad.

Hablar con la verdad del Polo

Esas posiciones, lideradas especialmente por el senador Petro, tratan de mostrar un Polo extremoizquierdista, dedicado a hacer la apología de la insurgencia, ubicándose prácticamente en los zapatos uribistas que acusan al Polo de ser simplemente un telón político de las FARC y de lo que el Gobierno llama el terrorismo. Esta es una posición contraria a la realidad y que ha hecho mucho daño. Estas afirmaciones no son de buena fe y traducen una actitud de traición al proceso unitario y a la voluntad de todas las fuerzas políticas que integran el partido y que han adelantado esfuerzos enormes para aclarar; deslindar posiciones del movimiento armado, planteando con claridad meridiana las características del conflicto y la necesidad de la solución política como camino hacia la paz duradera, a contracorriente de la tesis que indicaría que el Polo defiende de alguna manera la vía armada. Por el contrario, hemos venido reafirmando la validez y la oportunidad del papel de la lucha de masas, civilista, así como de las posibilidades de la intervención popular en la construcción de un cambio político en el país como condición para que la paz se afinque, hecho que será imposible mientras la ultraderecha, el narcoparamilitarismo y el uribismo continúen en el poder.

El congreso del Polo desinfló estruendosamente las ilusiones divisionistas de algunos. Por el contrario, ha salido muy fortalecido y enfocado en su vocación de izquierda, con el compromiso de plantear al país un candidato y un programa alternativo de Gobierno Nacional que convoque la unidad de las mayorías desposeídas y en condiciones de buscar alianzas sobre bases concretas que den respuesta a la angustia de los colombianos y colombianas que hoy miran con esperanza la opción del cambio democrático.

Uribe: un candidato sin reelección

Uribe: un candidato sin reelección

Gabriel Bustamante Peña
Corporación Viva la Ciudadanía

El pasado dieciséis de diciembre, en medio del comienzo de las novenas navideñas y bajo el amparo de la media noche, el Presidente convocó irregularmente al Congreso a sesiones extraordinarias para la aprobación del referendo reeleccionista. Con esto, más la desautorización a la versión de su ausencia en las próximas elecciones al diario “El Colombiano”, Uribe dejó clara su intención de continuar en campaña como presidente-candidato, aun a sabiendas que ni jurídica ni políticamente su reelección en el 2010 es posible.

Jurídicamente la reelección no tiene salida, ya que su actual segundo mandato se legitimó con la sentencia de la Corte Constitucional, que de paso colocó un cerrojo para futuras reelecciones. La Corte en su sentencia fue enfática en manifestar que la reelección “por una sola vez” no generaría un cambio de tal magnitud que, en vez de modificar la Constitución del 91, la remplazara por otra distinta creando una sustitución de la Carta, caso en el cual se habría quedado sin piso el acto legislativo 02 de 2004.

Pero, la misma sentencia indica clara y expresamente que una próxima reelección si afecta la esencia de la Constitución, y por lo tanto el Congreso no es competente para adelantar otra reforma reeleccionista, ni aún por referendo popular. Como aclaró la Corte en su fallo, una nueva reelección sería cambiar la Carta del 91 y no reformarla y el único camino institucional es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Propuesta que ingenua y paradójicamente promovía el presidente del Polo Carlos Gaviria ante la crisis de la parapolítica, sin prever que con su incauta constituyente le entregaba a Uribe la posibilidad de reelegirse y de paso le ofrecía también a la derecha uribista la cabeza de la Constitución y del Estado social de derecho en bandeja de plata.

Para fortuna del país, ni el Polo, ni Uribe le hicieron caso a la propuesta de Gaviria, y el presidente se embarcó en un referendo inaplicable cuyos tramites entran en franco desacato con la sentencia de la Corte. No se explica como en un Estado de derecho, un fallo del máximo tribunal judicial es desconocido por entes como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, quienes autorizaron la recolección y conteo de firmas para desacatar una sentencia y están causando un detrimento patrimonial a la Nación al permitir llevar a cabo los preparativos de un referendo a todas luces inconstitucional y sobre el cual ya existe cosa juzgada. Referendo indefendible, que coloca a sus promotores en una contradicción insalvable, ya que al desconocer el fallo de la Corte que sentencia que una nueva reelección sustituye la Constitución, desconocen a la vez la decisión judicial que permitió la reelección de Uribe, tumbando la fuente de legitimidad de su actual mandato.

Pero, como si no fuera poco que se estuviera gestionando en Colombia un desacato a la Corte Constitucional por la vía del referendo, el mismo trámite de las firmas, su texto, su financiación y hasta su promotor principal, hacen que la iniciativa parezca más que un mecanismo de participación popular, un concierto para delinquir. Luis Guillermo Giraldo, gerente y promotor del referendo, conocido de autos por el “robo a Caldas” ya ha sido llamado por la Fiscalía por fraude procesal, tiene líos por la intervención de DMG en las diligencias del referendo y la financiación de la recolección de firmas está envuelta en el más oscuro contubernio.

Para completar el cuadro, en el afán propio de quienes reptan tras el poder, el texto del referendo golpista terminó dejando por fuera de las elecciones de 2010 al presidente Uribe; texto que fue el aprobado por la Cámara y que amenazan modificar en el Senado, que de hacerlo, contrariaría no sólo las normas del parlamento sino que acabaría con la iniciativa popular al permitir que un proyecto ciudadano sea manoseada por el Congreso a su antojo.

Como vemos, el cuadro de inconstitucionalidad e ilegalidad del referendo no puede ser peor. Pero, si se llega al caso tal de ejercicio arbitrario del poder, y dicha iniciativa llega a prosperar, sería imposible que aguantara un examen en la Corte, más cuando, para entonces y fruto de la primera reelección, Uribe tendrá 3 magistrados que deberán declararse impedidos para el estudio de la reelección de quien los postuló al Tribunal Constitucional.

Pero, supongamos que se da una situación extrema y que la Corte sucumbe ante el Poder Ejecutivo, y acaba de facto el estado de derecho, dando paso al referendo reelecionista. Entonces, Uribe deberá sacar a votar, en época no electoral y sin autorización para hacer política, a más de siete millones de colombianos corriendo el riesgo de volver a repetir la derrota del referendo de 2003, cuando contaba con un mayor grado de aceptación popular y cohesión de los partidos uribistas.

Pero, si jurídica y políticamente la reelección en 2010 es imposible, ¿Por qué el Presidente insiste en impulsar el referendo?

La explicación está en que Uribe enfrenta en el 2009 al peor año de sus dos mandatos. Por un lado, se acabó el padrinazgo y la patente de corzo que el Gobierno de George Bush le concedió a su lucha “narcoterrorista”. Con la administración demócrata de Obama hechos como la muerte de sindicalistas, de indígenas y afro-colombianos, los falsos positivos, las capturas masivas y demás violaciones de derechos humanos serán revisados con lupa en el Congreso y Gobierno norteamericano. Y sumado a lo anterior, la crisis mundial ocasionará un recorte sustantivo de la cooperación militar estadounidense. Y por otro lado, internamente la crisis económica comienza a hacer estragos, los alimentos suben de precio, la gasolina no baja, la cifras de desempleo son alarmantes, el proceso de paz con los paramilitares es un fracaso, los desplazados se cuentan por millones, los desaparecidos por miles y los asesinatos de Estado se han vuelto pan de cada día.

Uribe sabe que no puede seguir en el 2010, pero talvez si en el 2014. Por esto necesita seguir con su imagen de candidato-presidente ya que, de lo contrario, encontrará en sus antiguos aliados a sus más acérrimos perseguidores. Vargas Lleras, Juan Manuel Santos, Holguín Sardi, Marta Lucía Ramírez, Noemí Sanín, entre otros, estarán prestos a cortarle la cabeza una vez esté claro que no irá como candidato presidencial y que deja como heredero en su trono a alguien ajeno a sus intereses.

Ya en campaña por la Presidencia, Vargas Lleras afirmará que el modelo de seguridad uribista no derrotó a las guerrillas e incubó un peor paramilitarismo; Santos reclamará por las humillaciones de la fuerza pública y las relaciones estrechas de Uribe con el dictador venezolano; Holguín increpará que no es suficiente la seguridad cuando económicamente el país es un desastre; Marta Lucía acusará al Gobierno de encubridor de la parapolítica y cómplice de la infiltración del Estado por el narcotráfico y Noemí, desempolvará su discurso radical y volverá a denunciar a Uribe como el promotor del paramilitarismo en Colombia.

Uribe corre el riesgo de salir por la puerta de atrás, si de las entrañas del uribismo se gestan sus mayores críticos. Además, con la posibilidad de la reelección, si es presidente un Vargas Lleras o un Santos no dudarán en judicializarlo para sacarlo del camino en el 2014. Por eso su candidatura es una forma de ganar tiempo, callar a los críticos internos e imponer soslayadamente al único que le garantiza un Gobierno en cuerpo ajeno y el camino despejado para volver en el 2014: Uribito.

ALGUNOS CONVENIOS DE LA OIT

OS CONVENIOS DE LA OIT Y SU IMPORTANCIA

Autor: Dr. Julio Carrascal P.

Abogado con TP No.150248 del CSJ

EXPRESO EN ESTA CONFERENCIA CONCEPTOS SOBRE CONVENIOS: 87 Y 98 SOBRE LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. EL 111 SOBRE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO U OCUPACIÓN. EL 138 SOBRE EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO. EL 151 SOBRE RELACIONES DE TRABAJO EN LA AD/MÓN PÚBLICA. EL 154 FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y 182 SOBRE PROHIBICIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL।

CONVENIOS 87/1948 Y 98/1949

EN LA 31 REUNIÓN DE LA OIT REALIZADA EN SAN FRANCISCO DEL 17 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 1948, SE APROBÓ EL CONVENIO NO.87, QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 4 DE JULIO DE 1950 Y QUE FUE RATIFICADO POR NUESTRO PAÍS EL 26 DE SEPT., DE 1976.

ASPECTOS HISTORICOS DE ESTAS kaankuistaas

BAJO LA PRESIDENCIA DEL DR. MARCO FIDEL SUAREZ, COLOMBIA SUSCRIBIÓ EL PACTO CONSTITUTIVO DE LA LIGA DE LAS NACIONES FIRMADO EN VERSALLES EN 1919. EL CONGRESO MEDIANTE LEY 49 DE 1919 SE ADHIRIÓ A DICHO PACTO, PRODUCTO DEL CUAL SURGE LA OIT

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO PRESIDIDA POR EL COMPAÑERO SAMUEL GOMPERS, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EEUU DEL TRABAJO, REDACTÓ EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE LA OIT (ABRIL DE 1919).

LA OIT CONSAGRO DOS PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES; ESTOS FUERON DESARROLLADOS COMO UN APORTE A LA PAZ MUNDIAL. EL 10 DE MAYO DE 1944 EN LA DENOMINADA DECLARACIÓN DE FILADELFIA SE ESTABLECIÓ:

-LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ASOCIACIÓN ES ESENCIAL PARA EL PROGRESO HUMANO.

-LOGRAR EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

LIBERTAD SINDICAL CONVENIO 87 HA DEFINIDO CLARAMENTE:

ART. 2.- LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES, SIN NINGUNA AUTORIZACIÓN PREVIA, TIENEN DERECHO DE CONSTITUIR LAS ORGANIZACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, ASÍ COMO EL DE AFILIARSE A ESTAS ORGANIZACIONES, CON LA SOLA CONDICIÓN DE OBSERVAR LOS ESTATUTOS DE LAS MISMAS (AUTONOMIA).

EN NUESTRO PAÍS, LA MISMA DIRIGENCIA SINDICAL HA TRABAJADO RESTRINGIENDO ESTE DERECHO, CUANDO DE AMPLIA ORGANIZACIÓN SOCIAL, LA CIRCUNSCRIBIMOS A LO QUE DICE EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE EN ESTA MATERIA NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DEL TRATADO, HOY CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE CONTRATO LABORAL PARA AFILIARSE O FUNDAR SINDICATOS.

ART.3.- NUMERAL 2.- LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEBERÁN ABSTENERSE DE TODA INTERVENCIÓN QUE TIENDA A LIMITAR ESTE DERECHO O A ENTORPECER SU EJERCICIO LEGAL.

EL ARTÍCULO 5 DEL CONVENIO DA IGUALMENTE LA POTESTAD DE CONSTITUIR FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES Y A AFILIARSE A OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE TRABAJADORES O EMPLEADORES SEGÚN EL CASO.

EL TÉRMINO “ORGANIZACIÓN” SIGNIFICA TODA ORGANIZACIÓN CUYO FIN SEA FOMENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES। ART.10.NO ESTABLECE PARAMETROS ESTRECHOS.

Convenio 98/1949.
Entró en vigor julio 18/५१

EL CONVENIO 98 DESARROLLA AL 87 Y PROTEGE CONTRA TODO ACTO DE DISCRIMINACIÓN O MENOSCABO DE LA LIBERTAD SINDICAL. ART. 1° NUMERAL 2° INCISOS A Y B.

EN EL ART.2° DESARROLLA Y PROTEGE LA AUTONOMÍA SINDICAL CONTRA TODO ACTO DE INJERENCIA EN LA CONSTITUCIÓN DE SINDICATOS, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN.

Contratación Colectiva आर्ट.4º

DEBERAN ADOPTARSE MEDIDAS ADECUADAS A LAS CONDICIONES NACIONALES, CUANDO ELLO SEA NECESARIO, PARA ESTIMULAR Y FOMENTAR ENTRE LOS EMPLEADORES Y LAS ORGANIZACIONES DE EMPLEADORES, POR UNA PARTE, Y LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES POR OTRA, EL PLENO DESARROLLO Y USO DE PROCEDIMIENTOS DE NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA, CON EL OBJETO DE REGLAMENTAR, POR MEDIO DE CONTRATOS COLECTIVOS, LAS CONDICIONES DE EMPLEO, ELEVADO A RANGO CONSTITUCIONAL POR EL ART. 55 Y EL 53 QUE ESTABLECE QUE ESTOS NO PUEDEN MENOSCABAR LA LIBERTAD, LA DIGNIDAD HUMANA NI LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES. LOS DERECHOS SINDICALES ENTRAN A FORMAR PARTE DE LOS DERECHOS HUMANOS.

Art- 6°Funcionarios Públicos।

EL CONVENIO SIN EMBARGO, EN SU ARTICULO 6° DEJA ESTABLECIDO QUE NO TRATA DE LA SITUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO RESPETANDO SUS DERECHOS Y EL ESTATUTO QUE TENGAN ESTABLECIDO. POR LO QUE POSTERIORMENTE SE ESTABLECE NUEVO CONVENIO.

Desarrollos del 87 y 98
Convenio 151

EL 27 DE JUNIO DE 1987 LA OIT ADOPTA EL CONVENIO 151 QUE LE OTORGA EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN COLECTIVA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. DESPUÉS DE MUCHAS VICISITUDES, ESTE CONVENIO ENTRA EN VIGOR EL 25 DE FEBRERO DE 1981.

TAN SOLO EN 1997 MEDIANTE LEY 411 SE RATIFICA ESE CONVENIO EN COLOMBIA DECLARADA EXEQUIBLE POR LA SENTENCIA C-377 DE JULIO 27/98.

EN TODO ESTE PERIODO LAS PRINCIPALES ORGANIZACIONES SINDICALES DEL SECTOR PÚBLICO EN COLOMBIA, LE HAN DADO IMPORTANCIA A ESTE DERECHO Y HAN DEJADO DE HACER, LO QUE DEBEN REALIZAR. EXIGIR EL DESARROLLO DEL ARTÍCULO 7° DE LA MISMA LEY 411.

Sentencia n°377 करते Constitucional

EL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR

PRESENTÓ PLIEGO DE PETICIONES Y ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 411. EL CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SENTENCIA DE AGOSTO 15/2002 MAGISTRADA PONENTE DRA. OLGA INÉS NAVARRETE ESTABLECE QUE: “LAS ENTIDADES PUBLICAS EMPLEADORAS TIENEN UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA ESTABLECIDA POR LA LEY Y REGLAMENTOS VALEDEROS QUE NO SE PUEDEN MODIFICAR POR PRECEPTOS DE LA MISMA JERARQUÍA QUE LOS CREARON”. Y DICE IGUALMENTE QUE: “LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 DEL CONVENIO 151 ESTABLECEN QUE EL PLIEGO DE PETICIONES DEBE SER CONSULTADO Y APROBADO POR LAS PARTES”।

EL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR

PRESENTÓ PLIEGO DE PETICIONES Y ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 411. EL CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN SENTENCIA DE AGOSTO 15/2002 MAGISTRADA PONENTE DRA. OLGA INÉS NAVARRETE ESTABLECE QUE: “LAS ENTIDADES PUBLICAS EMPLEADORAS TIENEN UNA RELACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA ESTABLECIDA POR LA LEY Y REGLAMENTOS VALEDEROS QUE NO SE PUEDEN MODIFICAR POR PRECEPTOS DE LA MISMA JERARQUÍA QUE LOS CREARON”. Y DICE IGUALMENTE QUE: “LOS ARTÍCULo Y 8º del

¿y ahora quien podrá defendernos?

EL CHAPULÍN COLORADO?. ESTA LUCHA HA TENIDO MUY POCOS DOLIENTES Y ESOS POCOS HAN SIDO SINDICATOS PEQUEÑOS Y SIN EL APOYO NECESARIO.

QUE HACER CON ESA SALA DEL CONSEJO DE ESTADO QUE CONTRARIO A DERECHO ESTABLECE LA ABSURDA DECISIÓN DE QUE UN PRECEPTO NO PUEDE SER MODIFICADO POR OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA?. ACASO NO SON LEYES LAS QUE MODIFICAN LEYES?.

MUY GRAVE ES ESA SENTENCIA, PUES IGUALMENTE MIENTE LA SALA DEBIDO A QUE LOS ARTÍCULOS 7 Y 8 NO DICEN LO QUE LA SALA AFIRMA. ESTOS OBLIGAN A QUE SE ADOPTEN MEDIDAS PARA LA NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN Y ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO. LOS TRABAJADORES COLOMBIANOS, LA CORTE CONSTITUCIONAL, TODOS ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR. NO ESPEREMOS CHAPULINES COLORADOS।

CONVENIO 111
RELATIVO A LA DISCRIMINACIÓN EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN

ESTE CONVENIO ENTRO EN VIGOR EL 15 DE JUNIO DE 1960 Y RATIFICADO POR LA LEY 22 DE 1967.

EL ARTICULO 1° ESTABLECE QUE COMPRENDEN LOS TERMINOS “DISCRIMINACIÓN”, “EMPLEO” Y “OCUPACIÓN” COMO A CONTINUACIÓN SE EXPLICAN.

EL ARTICULO 2° ESTABLECE ALGO MUY IMPORTANTE:

“TODO MIEMBRO POR EL CUAL ESTE CONVENIO SE HALLE EN VIGOR, SE OBLIGA A FORMULAR Y LLEVAR A CABO UNA POLITICA NACIONAL QUE PROMUEVA, POR METODOS ADECUADOS A LAS CONDICIONES Y A LAS PRACTICAS NACIONALES, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO EN MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN, CON EL OBJETO DE ELIMINAR CUALQUIER DISCRIMINACIÓN A ESTE RESPECTO।

ARTICULO 3°

OBLIGA AL ESTADO MIEMBRO A:

IMPULSAR POLITICAS DE COOPERACIÓN

PROMOVER LEYES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE GARANTICEN LA COOPERACIÓN

DEROGAR Y MODIFICAR DISPOSICIONES PRACTICAS ADMINISTRATIVAS INCOMPATIBLES CON POLITICAS DE COOPERACIÓN

SIN EMBARO LA PRACTICA EN COLOMBIA HA SIDO CONTRARIA Y LA ACTIVIDAD DE PERSECUCIÓN Y CONFRONTACIÓN PARA LIQUIDAR AL MOVIMIENTO SINDICAL HA SIDO UNA CONSTANTE HISTORICA POR PARTE DE SECTORES EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES, CON CONTADAS EXCEPCIONES।

LA DISCRIMINACION POR RAZONES DE SEXO EXISTE EN MAYOR MEDIDA QUE POR RAZA.

ESTO ES EVIDENTE, POR LA SIMPLE RAZÓN QUE SI ES MUJER Y NEGRA, ES DOBLEMENTE DISCRIMINADA EN DETERMINADOS OFICIOS.

EXISTEN TRABAJOS PROPIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, PUDIÉNDOLOS REALIZAR PERFECTAMENTE, EL HOMBRE O LA MUJER.

ES EL CASO DE LAS LABORES DE COCINA, MODISTERÍA Y CONFECCIONES, ENFERMERÍA, HOGARES DE BIENESTAR, ETC.ETC., DONDE SE PRIVILEGIAN MUJERES.

SOLDADURA, METALISTERÍA, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, TRANSPORTE, MECÁNICA, ETC. ETC., DONDE SE PRIVILEGIAN HOMBRES. QUIERE DECIR, QUE EN IGUALDAD DE CONDICIONES, HAY BARRERAS QUE ATENTAN CONTRA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES।

La discriminación laboral en el trato existe en Colombia, especialmente con las mujeres

ELLO TIENE RELACIÓN DIRECTA CON EL ACCESO A POSICIONES DE MANDO QUE PUEDEN SER DESARROLLADAS CON EFICACIA POR HOMBRES Y MUJERES; CON LA NO APLICACIÓN A CABALIDAD DEL PRINCIPIO DE SALARIO IGUAL PARA TRABAJO IGUAL.

LA PRETENSIÓN DE IMPLANTAR EL EXAMEN DE GRAVIDEZ O EL NO CONTRATO A MUJERES EMBARAZADAS. LA SIMPLE PRÁCTICA DE FALTA DE ACOMODACIÓN O HABILITACIÓN DE LA EMPRESA A LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LA MUJER, REPRESENTAN PRÁCTICAS INJUSTAS Y DISCRIMINATORIAS INTOLERABLES PARA UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA।

CONVENIO 138/73 SOBRE EDAD MINIMA PARA EMPLEO

—Entra en vigor el 19-06-76 y parte de varios convenios sobre el tema y los reforma o desarrolla como los de edad mínima para la industria 1919, la agricultura 1920, socavones 1965, marítima 1936, etc.

—Tiene por objeto, asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños tendiente a posibilitar el mas completo desarrollo físico y mental de los mismos. La fija en 15 años y por consulta a las organizaciones laborales y de empleadores la disminuye a 14.

—Desgraciadamente el modelo neoliberal pretende volver a las relaciones primigenias de capital y trabajo condenando a nuestros niños a una especie de trabajo forzoso, porque si no lo hace, se muere de hambre। Trabajo riesgoso 18 años।

Convenio 182/99.

—Entra en vigor el 19-11-2000. Prohíbe las peores formas de trabajo infantil, establece el significado de “peores formas de trabajo infantil”.

—Condena formas de esclavitud, el reclutamiento forzoso y la trata de niños.

—Exige la adopción de sanciones penales y de otra índole. Hoy se discute en nuestro País la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad que debemos apoyar।

La importancia de este convenio no ha sido evaluada en su real dimensión, especialmente en nuestro País en donde se reclutan niños hasta para la guerra 0 para determinar falsos positivos.

Se requiere en consecuencia un compromiso social del sindicalismo; solo una actividad amplia y social podrá alcanzar objetivos de transformación democrática que toda la sociedad reclama y necesita. Esa actividad nos puede llevar a construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derechos. La democracia no solo es libertad; esta no vale nada sin equidad, igualdad y participación económica.

MANOS A LA OBRA

थ-->
थ-->


tersaraa saldaa
kaarataa saldaa

Desentrañando el proyecto "uribista"

Desentrañando el proyecto "uribista"

Hay que identificar la relación entre ese proyecto y el modelo económico y social que se ha establecido en las últimas décadas en Colombia

www.kaosenlared.net/noticia/desentranando-proyecto-uribista

DESENTRAÑANDO EL “PROYECTO URIBISTA”

Popayán, marzo 1 de 2009
El proyecto político de Uribe está en franco retroceso. Los intereses de las clases dominantes que él representa, han quedado al descubierto, principalmente, por efecto de las explosiones y movilizaciones populares que estallaron en el último semestre/08. Los crímenes de Estado (falsos positivos) que se descubren día a día también desnudan la esencia de la política de “seguridad democrática”, al igual que las evidencias del contubernio con el paramilitarismo y toda clase de corrupción. La crisis financiera y la recesión económica mundial están minando la credibilidad de la fórmula de la “confianza inversionista”.

Este hecho plantea nuevos retos a lasfuerzas democráticas colombianas. Un punto de quiebre está a la vista en la vida política colombiana. Ello exige una nueva actitud. Hasta ahora los partidos de oposición y los movimientos sociales se habían concentrado en desgastar la política uribista. Se requiere, una estrategia política y una propuesta adecuada para enfrentar esta coyuntura.

Para hacerlo es necesario conocer más a fondo el proyecto dominante. Hay que identificar la relación entre ese proyecto y el modelo económico y social que se ha establecido en las últimas décadas en Colombia. Dicho modelo ha asumido una forma particular aprovechando condiciones estructurales históricas. El bloque de las clases dominantes en el poder, incluyendo al imperio norteamericano (y otros “imperios” en formación), utiliza el “uribismo” para instaurar una forma específica de Estado (régimen) que responda a los intereses del gran capital.

¿Cómo ha evolucionado ese proceso? ¿Es importante analizar su desarrollo? Creemos que sí. Intentemos re-construir y re-leer, así sea en forma panorámica, esta etapa de nuestra historia.

Breve recuento histórico

En Colombia se materializó una alianza entre el gran capital internacional, los monopolios nacionales y las mafias de diverso carácter (burocrático, financiero, narco y paramilitar). Esa asociación es el sustento de un capitalismo depredador cimentado en la especulación financiera, la explotación de los recursos naturales y el impulso a una economía agro-exportadora implantada sobre la gran propiedad latifundista. Actualmente ese modelo utiliza el conflicto armado y la economía del narcotráfico como herramienta de intervención territorial, económica, social y cultural.

Por más de 20 años se avanzó en esa dirección. Se despojó de riquezas y territorios no sólo a comunidades campesinas mestizas, negras e indias[1], sino que se apoderó de los principales sectores de la producción y de las empresas construidas por empresarios y trabajadores colombianos.[2][3] con pragmatismo neoliberal. Aunque fue un proceso violento, las clases dominantes mantenían una apariencia de democracia e incluso utilizaron el proceso constituyente de 1991 para legitimar sus acciones. Se pactó el reconocimiento en el papel de numerosos “derechos fundamentales” con la aprobación de una incisiva política acorde con los mandatos del FMI y el BM. Fue una atrevida combinación de “legalismo constitucionalista”

La resistencia, siempre presente, se acrecentó. Las tensiones políticas y sociales se agudizaron. Amplias movilizaciones y luchas sociales caracterizaron la década del 90 del siglo XX. La insurgencia se desplegó por todo el territorio nacional. La respuesta fue ampliar, fortalecer y legalizar el paramilitarismo. Surgen las Convivir[4] y las fuerzas paramilitares se unifican en las Autodefensas Unidas de Colombia AUC. La economía del narcotráfico termina financiando ambos bandos enfrentados. La guerra se degrada a niveles inimaginables. A finales de siglo (1998) se intenta un proceso de paz que no consigue avanzar por la oposición de quienes se lucran de la guerra pero también por una visión triunfalista de la dirigencia guerrillera.

El proyecto político “uribista”

En 1994 en una población de Antioquia se reúnen representantes de la elite intelectual, económica y política “paisa”[5] para diseñar un proyecto político de largo aliento. Más adelante se integran intelectuales surgidos de un proceso de involución de un sector de la izquierda “maoísta” radicalmente enemiga de las FARC.[6] Así se configura la ideología y el programa fundacional del proyecto “uribista”. Los puntos básicos eran: la identificación de las FARC como enemigo principal de la sociedad colombiana, la adaptación de las ideas modernizadoras aplicadas en China por Teng Siao Ping a la realidad colombiana, y la creencia absoluta en el papel predestinado de la dirigencia antioqueña para salvar y refundar a Colombia.[7] De allí surgió la tesis del “Estado comunitario”[8]. Esa fue su semilla ideológica.

Simultáneamente se desarrollan tres procesos socio-políticos que se superponen: a) aparición de movimientos cívicos locales y regionales; b) organización de hacendados y campesinos ricos para la lucha contra-insurgente, y c) resquebrajamiento de los partidos tradicionales y confluencia de seudo-intelectuales de derecha y de izquierda que se ubican en la línea de construir una “tercera vía”.[9]

Los movimientos cívicos locales y regionales

Las dirigencias locales y regionales de diversos departamentos organizan estrategias de control político territorial frente a lo que consideran una burla al proceso de descentralización iniciado en 1986 y ratificado en la constitución de 1991. Ese proceso se expresa con la aparición de nuevos movimientos de carácter cívico, pero también se manifiesta al interior de los partidos tradicionales liberal y conservador. Se forman en ese período los principales cuadros del actual uribismo como es el caso de Luis Alfonso Hoyos, Oscar Iván Zuluaga (Mov. Actitud Renovadora), Jairo Clopatofsky (Mov. Cívico Nacional), y muchos otros cuadros regionales y locales.

Al interior de esos movimientos se enfrentan – en un primer round - las dos vertientes políticas que hoy se disputan el poder en Colombia: unos cívicos, que se limitaban a atacar la corrupción administrativa y el centralismo ineficiente, hoy son la base del uribismo; y, otros cívicos, con ideas de transformación estructural, son parte de la izquierda actual. En algunos departamentos como Nariño y Cauca esos movimientos locales hacían parte de luchas sociales, logran sobrevivir y alimentan actualmente procesos políticos alternativos como la Alianza Social Indígena ASI y el Polo Democrático Alternativo PDA. En otras regiones el paramilitarismo, a sangre y fuego, no dejó ni rastros de esos movimientos cívicos que tenían cierta ascendencia de izquierda.

El paramilitarismo hacendatario

El segundo proceso es el que desarrollan hacendados y campesinos ricos que se organizan para enfrentar los excesos de la guerrilla en algunas regiones de Colombia, especialmente Antioquia, Magdalena Medio y Costa Atlántica. En la práctica se convierten en un factor fundamental de contención de las luchas campesinas por la tierra y de expropiación violenta de los campesinos pobres. Asimilan a los grupos paramilitares surgidos en la década anterior fruto de la confrontación entre narcotraficantes y la insurgencia (MAS y demás grupos). Esa fusión entre terratenientes y grupos armados paramilitares se autodenomina “Autodefensas Campesinas”. Mas adelante se unifican a nivel nacional bajo el liderazgo de Carlos Castaño, elaboran un programa político en donde reafirman su carácter contrainsurgente, reclaman la refundación del país y atacan el centralismo de la clase política tradicional. En algunas zonas específicas, como en Urabá, algunos guerrilleros desmovilizados de grupos enfrentados a las FARC hacen alianzas con los paramilitares y terminan cooptados por ellos.

El grueso de las fuerzas paramilitares realiza diversas clases de convenios para obtener financiación y apoyo: con las empresas nacionales y transnacionales (Chiquita Brands, Drummont, etc.) para neutralizar la presión de la guerrilla pero también para atacar y debilitar a movimientos obreros y sindicales; con el Estado y el ejército regular realizan campañas coordinadas contra la insurgencia y masacres contra la población civil que identifican como su base de apoyo; y con los carteles de la drogapara defender territorios y garantizar el flujo del negocio.

Las alianzas de las clases dominantes y la crisis de los partidos tradicionales

Desde el punto de vista político es importante definir el pacto de clases que se concretó en el gobierno de César Gaviria en 1990. Se aprovecharon los “acuerdos de Paz” con el M-19, EPL, Quintín Lame y una fracción del ELN y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ANC para legitimar el paquete neoliberal. Fue el primer avance de apertura económica, privatización del Estado, acuerdos con el narcotráfico, cooptación de la “izquierda legal” y ataque liquidatorio a las FARC.[10] Fue la prueba experimental de la posterior fórmula de Uribe.

Ese gobierno fue la concreción práctica de la estrecha alianza de clases que se había configurado a lo largo de 25 años entre los terratenientes latifundistas y los capitalistas que habían acumulado poder con la aplicación del modelo “cepalino”[11] de substitución de importaciones después de la 2ª guerra mundial. Esa alianza reaccionaria (casi única en Sudamérica) impidió la ejecución de una tímida reforma agraria intentada a finales de los años 60 y empujó al movimiento campesino hacia la insurgencia armada.

Con el gobierno aperturista se inicia una recomposición al interior de los partidos tradicionales. La reacción instintiva de las masas populares fue apoyar para el siguiente período presidencial a Ernesto Samper, quien posaba de socialdemócrata. Realmente representaba a sectores empresariales y financieros nacionales entrelazados con amplios intereses burocráticos en el Estado. Estalla el “proceso 8.000” por el escándalo de la financiación de las campañas por el narcotráfico, y el imperio norteamericano termina manipulando la debilidad de ese gobierno para continuar profundizando el modelo.

En 1998 Andrés Pastrana (conservador neoliberal) se postula con la propuesta de conseguir la Paz con la insurgencia. Anuncia cumplir el Mandato por la Paz que obtuvo 10 millones de votos el 27 de octubre de 1997. Dialoga durante 3 años con las FARC en el Caguán y paralelamente, fortalece el aparato militar del Estado con el apoyo incondicional de los gringos (Plan Colombia). Fracasan los diálogos y se dan todas las condiciones para impulsar la guerra de exterminio que va a encabezar posteriormente Uribe.

Al final de la última década del siglo XX los partidos tradicionales, se encuentran muy debilitados. Empieza a aparecer en escena la izquierda legal. Las diversas fracciones de la clase dominante (financiera, industrial, capital importador y comerciante, terrateniente y burocrática) se han agrupado alrededor de unos pocos grupos monopólicos. Todos, haciendo honor a su doble moral, han aprovechado la economía “ilegal” de la droga para acumular el capital “narco” que se queda en Colombia[12]. Todo el escenario está preparado para la aparición del “uribismo”.

Uribe: síntesis de una alianza criminal y corrupta

La fusión entre los grupos políticos regionales y el paramilitarismo hacendatario se manifiesta electoralmente en gran cantidad de movimientos políticos que aparecen en los primeros años del siglo XXI, que hoy son un componente del uribismo.[13] Esa convergencia se fortalece con la llegada de Uribe a la presidencia y se consolida a lo largo de su primer período. Importantes fracciones del partido liberal, todo el partido conservador, las expresiones políticas del paramilitarismo, y diversos sectores de la “inteligencia” y el empresariado colombiano se suman al proyecto. Durante su primer gobierno (2002/06) se crea el Partido Social de Unidad Nacional, llamado “Partido de la U”, que pretende ser el principal soporte de la política uribista. El gobierno de los EE.UU. apoya el proyecto en forma incondicional a pesar que conoce los vínculos de Uribe con el narcotráfico y los paramilitares.[14] La acción contra-insurgente y la política “antidrogas” fue asimilada a la lucha antiterrorista global que surgió con ocasión de los atentados del 11-S de 2001 en los EE.UU.

Uribe es la síntesis de esa fusión: de una familia de hacendados, su padre fue asesinado por las FARC, y desde muy joven fue un político liberal paisa al servicio del narcotráfico. Todo su entorno lo fue llevando a encarnar ese proyecto narco-fascista[15] que ha terminado por capturar el poder del Estado en Colombia. Para profundizar el modelo se requiere acabar con lo poco de democracia formal que existe en nuestro país. Aún no termina la tarea pero es parte de su misión. Así se va configurando el régimen mafioso autoritario, clientelista y populista que representa Uribe.[16]

¿Cómo y por qué consigue posicionar su propuesta?

La estrategia guerrerista de la insurgencia le despejó el camino. Los crímenes injustificados cometidos por la guerrilla en medio de su lucha contra el Estado y contra las bandas de paramilitares, la práctica del secuestro y los ataques indiscriminados donde se afecta a la población civil, la incapacidad para leer el momento político de América Latina, todo ello y mucho más, los fue aislando de la sociedad. Son, entonces, motivo y excusa de Uribe para posicionar la política de “seguridad democrática” ante el país y el mundo.

El fracaso de las “negociaciones” del Caguán eran presentadas como resultado del engaño de la guerrilla.[17] El gran logro de Uribe fue cambiar por completo el terreno del debate. Niega la existencia del conflicto. “Si no hay delito político, no tiene sentido la negociación”. Consigue quitarle ante la opinión pública el carácter político a las FARC. El embajador norteamericano Lewis Tambs ya había posicionado el término “narcoterroristas” para describir a la guerrilla. “Con bandidos y delincuentes no se puede negociar” fue la consigna de la campaña uribista.

Las clases dominantes en su conjunto entendieron que no habría salida negociada "barata".[18] Laalternativa - largamente acariciada - de la guerra de aniquilamiento, estaba servida. Una vez en el gobierno lanza la ofensiva contra la insurgencia e inicia el proceso de legitimación del paramilitarismo como actor independiente del Estado. En ese empeño Uribe se la ha jugado toda para hacer reconocer a las “autodefensas” como un proyecto político. Con la ley de “justicia y paz” no lo consigue completamente pero en la práctica les ha dado ese tratamiento.

La “pacificación” violenta, la legislación del despojo y el régimen mafioso

De allí en adelante la ofensiva contra el pueblo es brutal. El presupuesto para la guerra es la prioridad. Las detenciones masivas e ilegales no se hicieron esperar. La violación de los DD.HH. es cosa de todos los días. Para fortalecer su poder intenta reformar la Constitución vía referendo en octubre/2003, pero lo pierde. Sin embargo, con un Congreso monopolizado por el paramilitarismo aprueba una “legislación del despojo”[19] como base jurídica para materializar el “modelo malayo” en el campo[20]. De hecho crea las condiciones para acabar de entregar el país a la inversión extranjera contando para ello con un ambiente de auge económico del capitalismo a nivel mundial.

Las reformas que ha venido impulsando y demás actos gubernamentales están dirigidos a subordinar todos los niveles del Estado a la voluntad del presidente. Ya están bajo su control la procuraduría, defensoría del pueblo, congreso, cortes judiciales, mayoría de gobernaciones y alcaldías. Las instituciones, funcionarios o personas que se atreven a contradecirlo son calificados de “cómplices del terrorismo”. Ha atacado a los defensores de los DD.HH. y estigmatizado a la oposición de izquierda como “guerrilleros de civil”. Extraditó a los principales jefes de las AUC en acuerdo con el gobierno de los EE.UU. para poder legalizar el paramilitarismo, que hoy está presente en ciudades y campos en forma armada y desarmada. Captura y extradita a importantes capos del narcotráfico pero esa industria “ilegal” sigue alimentando las arcas de los gringos y nutre parte de la economía colombiana. Últimamente maneja las crisis y conflictos a punta de medidas de excepción (conmoción interior, emergencia social). Cuenta con un poderoso aparato de propaganda estatal y medios privados a su servicio incondicional[21], que giran alrededor de los Consejos Comunitarios que son la herramienta predilecta para mantener cautivos a los beneficiarios de los programas asistencialistas de “familias en acción” y “familias guardabosques”.[22] Ese es el proyecto narco-fascista de Uribe en su máximo nivel de desarrollo.

Síntomas y señales de un nuevo panorama

Así el proyecto uribista fuera diseñado por sus fundadores para el largo plazo (2019), podemos afirmar que el “uribismo” en Colombia ha entrado en una fase de estancamiento.[23] Uribe ha empezado a perder la iniciativa estratégica. La política de “seguridad democrática” y el modelo de desarrollo basado en la “confianza inversionista”, sus banderas más notables, dieron lo máximo que podían dar. Ahora, muestran facetas que la ciudadanía no conocía o no quería reconocer.

Uribe y sus asesores diseñaron su programa estratégico subiéndose en la ola de la lucha contra la corrupción. Prometieron un manejo transparente de lo público, la aplicación de la meritocracia en la administración estatal, y otra serie de aspectos atractivos para la sociedad nacional. Sin embargo, la dinámica de los acontecimientos lo llevó a tranzar rápidamente con lo más corrupto del establecimiento. El resultado es la existencia de una coalición dividida, ávida de burocracia, enredada en intereses personalistas, y débilmente agrupada alrededor de la figura presidencial. Lo único que los une es la gravedad de los crímenes que han cometido en y desde el gobierno. Esa carga criminal les quita cualquier margen de maniobra. De allí que, contra toda lógica, tengan que apegarse a la 2ª reelección.

A pesar de lo consolidado que se encuentra el “modelo” en su conjunto, el proyecto estrictamente político del uribismo muestra una estructura organizativa relativamente débil. Muchos de sus principales asesores, los más veteranos, aunque no se han bajado del bus sí han dado muestras de que sienten que el chofer está cansado y que el motor está fallando.[24] El gobierno colombiano no supo leer el viraje que se iba a dar en la política norteamericana ni podía predecir el viraje mortal en la economía mundial. Tratan de minimizar el impacto de la crisis financiera y de la recesión económica global pero ya empiezan a reconocer algunos problemas.

Los verdaderos beneficiarios de esa alianza, los grandes capitalistas nacionales, las transnacionales y los políticos del imperio deben estar sopesando la conveniencia de mantener en el poder a la cúpula uribista. Ese tema debe estar en la agenda de los grandes tecnócratas neoliberales. Las alianzas no son monolíticas ni estáticas. El proyecto neoliberal (modelo de extracción de recursos naturales y materias primas) acepta de mala gana al populismo derechista corrupto, y tiene que jugar con el interés inmediato de los grupos narcos.

Por otro lado, los cambios políticos en Estados Unidos y la crisis económica mundial alimentan tensiones y acrecientan la crisis en las alturas del poder (decadencia de Uribe). Las elites dominantes colombianas recién empiezan a caer en cuenta que un ciclo histórico está terminando. El hegemonismo absoluto de sus patrocinadores gringos ha llegado a su fin. El derrumbe financiero penaliza a los países anclados a la economía estadounidense, a quienes no han diversificado sus mercados, y sobretodo, a los que han hecho de las exportaciones de materias primas el eje central de sus economías.

Algunos sectores empresariales nacionales, que todavía quedan, sobre todo medianos empresarios no monopólicos, valoran los avances en seguridad pero cada día se ven más subsumidos al capital internacional. Los agro-exportadores y otros grandes productores han entendido que la situación económica y política en los EE.UU. cambió, y empiezan a desconfiar de la capacidad de Uribe de sacar adelante el TLC.

Por eso vale preguntarse: ¿El conjunto de las clases dominantes estará dispuesto a prescindir de lo más ordinario y cada vez más desnudo de sus aliados? ¿Lo harían para preservar lo esencial de su modelo? Eso supondría que consideran que, en lo fundamental, la tarea ya esta hecha y terminada.

¿Se derrumba la “pirámide uribista”?

El gobierno uribista manipulaba los conflictos y acciones espectaculares que hábilmente creaba en su beneficio. La confrontación con Venezuela y Ecuador, los golpes espectaculares a la guerrilla, la detención de un capo del narcotráfico o la extradición de un jefe paramilitar, uno que otro empujón de Bush o de un aliado inversionista internacional, han sido sus jugadas tácticas de carácter coyuntural que le permitían mantener la iniciativa. Una que otra rabieta pública y el “corre-corre” por el país hacían creer a la gente que el presidente tenía el control y dirigía. Esa fórmula ya caducó.

Muchos hechos lo corroboran. Se destaca el embrollo que se le ha formado con el referendo reeleccionista, le cuesta trabajo controlar la bancada parlamentaria, la economía entra en barrena, y está dando palos de ciego frente a los conflictos y movilizaciones sociales, como La Minga indígena, el paro de los “corteros” de caña y de los camioneros, y diversos conflictos laborales con trabajadores estatales, además de la reacción social al derrumbe de las “pirámides” provocada por el mismo gobierno, que durante los últimos meses se le han convertido en algo inmanejable al primer mandatario।

Es evidente que las políticas de la “seguridad democrática” y la “confianza inversionista”, se encuentran agotadas. La combinación del proceso de desmovilización de las AUC y los éxitos militares contra las FARC, presentaron resultados importantes pero no suficientes ni permanentes. Los costos de tener una precaria seguridad son muy grandes. Los recursos que se gastan en la guerra y el desbarajuste institucional y ético que se traduce en corrupción a todo nivel, ya no se justifican. El “todo vale” por seguridad, empieza a ser cuestionado por una parte de la población y sólo es aceptado por el resto porque no hay una nueva propuesta. La gente quiere una paz verdadera, y no una paz hipotecada। Se empieza a reclamar un nuevo proceder frente al conflicto armado, sumado al tema de la inseguridad y la violencia que brota por causas sociales y económicas. La problemática del narcotráfico está allí presente.

La otra bandera está más caída. La propuesta de cimentar el desarrollo en la “confianza inversionista” ha recibido un golpe de gracia. La crisis financiera y la recesión económica global desnudaron su inconsistencia. Vender al mejor postor nuestros recursos naturales y las empresas nacionales no resultó ser la mejor idea. Sólo los dueños de los grupos monopólicos “nacionales” y los ejecutivos “mandaderos” de las transnacionales siguen defendiendo ese modelo. Hasta los teóricos neoliberales del gobierno de César Gaviria hoy tratan de pasar de agache proponiendo nuevas fórmulas “keynesianas”.

La mayoría de la población quiere la reconciliación como una forma de terminar la guerra. Amplios sectores sociales necesitan construir un modelo de desarrollo que enfrente la problemática económica y social. Ambas metas están íntimamente relacionadas. La persona, el partido político o el movimiento social que sea capaz de liderar un gran movimiento democrático que entrelace creativamente estos dos anhelos va a poder canalizar fuerzas contenidas que se han expresado de diversas formas en marchas, protestas, consultas, eventos masivos y en la opinión de las personas।

Una de las contradicciones de fondo

El modelo depredador capitalista que se ha impuesto en Colombia necesita una normatividad diferente a la que se aprobó en 1991. Se agudiza la contradicción entre el avance de ese modelo, y la permanencia de una institucionalidad “dual” que sobrevive de ese pacto constitucional. El proyecto de Uribe está dirigido a liquidar lo poco que queda de ese “Estado social de derecho garantista de derechos humanos”[25].

La institucionalidad colombiana ha vivido en los últimos 17 años en medio de esa dualidad jurídico-política. El pacto constitucional de 1991 (CP-91) fue sellado por tres sectores personificados en el triunvirato que presidió la ANC: la burguesía burocrática representada por Horacio Serpa, la gran burguesía-terrateniente ligada al imperio norteamericano encarnada por Álvaro Gómez Hurtado, y los sectores medios de la población, indígenas y trabajadores estatales, interpretados por Antonio Navarro Wolf. Amplios sectores del pueblo colombiano no estuvieron allí representados.

Se aprobó una constitución política “progresista”. Se reconoce la diversidad, multietnicidad y pluriculturalidad de la sociedad colombiana, se aprueban mecanismos para desarrollar la “democracia participativa”, y se ratifica la necesidad de impulsar la descentralización. La retórica sobre el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos fundamentales es exuberante. Incluso en el terreno de la economía, el Estado colombiano mantiene su carácter interventor, eso sí, sobre la base de que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres”[26]

El bloque de poder que aprobó la CP-91 estaba hegemonizado por quienes representaban los intereses del gran capital। Su política era y es, neoliberal. Ellos eran gobierno y eran quienes ponían las reglas. A partir de la aprobación formal de la nueva “Ley de leyes”, todas las normas importantes que se han expedido desde entonces han tenido un carácter absolutamente contrario al supuesto espíritu “del Estado social de derecho”. Y las que no podían aprobar formalmente las impulsaban por decreto o de hecho.

Esa contradicción se puede visualizar en lo que ocurre con la ley 100/94 (sector salud): el “sistema de aseguramiento” garantiza el acceso a los servicios de salud a la mayoría de la población, pero la calidad y oportunidad de los servicios es completamente deficiente, la explotación de los trabajadores del sector es salvaje, y la alianza dominante obtiene pingües ganancias (fiducias, industria tecnológica y farmacéutica, turismo médico, etc।). Todos los sectores de servicios públicos en Colombia (educación, salud, energía, agua potable, justicia, seguridad) mantienen una forma jurídica estatal pero funcionan con la lógica de mercado capitalista. Día a día, los consorcios transnacionales se apoderan de más empresas y sectores pero la resistencia de la población crece y se fortalece.

El punto de quiebre está en desarrollo. Es inevitable que estalle esa bomba de tiempo. ¿Cuál debe ser la actitud de las fuerzas democráticas y revolucionarias? ¿Llamar a convocar una Asamblea Nacional Constituyente ANC, que puede ser canalizada por el uribismo para acabar de perfeccionar su régimen? ¿Idear reformas parciales para darle aire al modelo? O, ¿ayudar a que la crisis se profundice y que amplios sectores de la sociedad se organicen para cambiar, primero la correlación de fuerzas, e ir construyendo una nueva institucionalidad que coloque por encima de todo la soberanía nacional, la democracia económica, y el desarrollo social?